GUAYAQUIL: Hay dos días clave en los próximos meses para el futuro del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, aunque ninguno tiene aún fecha concreta; el primero será aquel en el que la Corte Nacional de Justicia del país sudamericano dicte sentencia en el caso Sobornos que comenzó este lunes y que tiene el fin de desentrañar una supuesta red de financiación ilegal del partido Alianza PAIS, formación con la que Correa gobernó durante diez años en Ecuador.
El segundo, que esta semana se sabrá si es en septiembre u octubre, será el que abra la fase de inscripciones de candidatos para las elecciones presidenciales de 2021 a las que Correa tiene intención de presentarse como número dos.
Si la sentencia por presunta corrupción se adelanta, complicaría las intenciones de Correa de concurrir a las urnas como número dos de un candidato de su confianza, imitando la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, tal y como anunció hace tres meses el exmandatario en una entrevista con El PAÍS.
El exmandatario latinoamericano, procesado en ausencia dado que reside en Bélgica y tiene una orden de detención en Ecuador, ha declarado ahora al canal ruso RT que el proceso penal tiene una clara finalidad de complicar su regreso a la primera fila de la política ecuatoriana, pero calcula que el tiempo corre a su favor. “Incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería la primera instancia”, ha dicho, matizando que podría apelar e inscribirse como candidato en las elecciones. “Están desesperados para evitar mi participación porque saben que los vamos a derrotar”.
La causa judicial contra Correa y otros 20 acusados por un supuesto delito de cohecho castigado con hasta cinco años de cárcel durará varios meses, teniendo en cuenta las más de 800 pruebas que las partes han anunciado van a presentar. Existen también unos cien testigos que están llamados a confirmar la teoría de la acusación fiscal de que Correa era el líder de una “red criminal” que presionaba a grandes empresas para que entregaran sobornos si querían obtener contratos con el Estado o, de lo contrario, a desmontar esta tesis con la estrategia de la defensa de desvirtuar todo el proceso penal.
Según los abogados, el caso ha sido forzado por la Fiscalía y no existe una sola prueba. Se trata de una persecución política, defienden los letrados de Correa. Para tratar de dilatar las fases procesales, la defensa ha recurrido a un sinfín de recursos y formalidades jurídicas.