«Lamento la decisión» estadounidense porque Noriega si bien «ya no está en las páginas amarillas en cuanto a la política, sí está en las páginas blancas en cuanto a la cantidad de delitos y abusos que cometió en Panamá», dijo el diputado oficialista Alcibiades Vásquez, que fue adversario del general.
| marzo 23, 2010
Muchos panameños desean ver al ex dictador Manuel Antonio Noriega cumpliendo condena en las cárceles de su país, pero esa posibilidad se ha alejado tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de extraditarlo a Francia, donde se le acusa de blanqueo de capitales.
El general, de 75 años, fue derrocado y capturado en 1989 por el Ejército estadounidense durante la invasión a Panamá, tras ser fiel aliado de Washington en la Guerra Fría e informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
"Noriega tiene mucha información de mucha gente en este país y también de las cosas que hizo con Estados Unidos. Me imagino que para ellos es mejor tenerlo bajo control en Francia", dijo a la AFP el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), Mitchel Doens. El general "sigue siendo una caja de sorpresas" con información sobre muchas personas, "incluyendo a gente muy importante de este gobierno" derechista de Ricardo Martinelli, declaró Doens, cuyo partido apoyó al régimen de Noriega (1981-1989).
"Yo creo que los Estados Unidos todavía tienen miedo a que Noriega tenga libertad de expresión y pudiera hacer declaraciones incómodas", señaló Mario Rognoni, ex ministro de Comercio del general. Rognoni dijo a la AFP que la resolución del Tribunal Supremo Estados Unidos es "una decisión política" y no se explica cómo el ex dictador, teniendo sentencias y cargos "más importantes y dramáticos" en Panamá, será extraditado a Francia por blanqueo de capitales. Noriega se enfrenta en Panamá a tres condenas de 20 años cada una por violaciones de los Derechos Humanos.
"Lamento la decisión" estadounidense porque Noriega si bien "ya no está en las páginas amarillas en cuanto a la política, sí está en las páginas blancas en cuanto a la cantidad de delitos y abusos que cometió en Panamá", dijo el diputado oficialista Alcibiades Vásquez, que fue adversario del general. Noriega "debería pagar primero en Panamá para que el pueblo pueda resarcir todo el daño y las violaciones a los Derechos Humanos que él y sus secuaces hicieron al país", declaró Vásquez a la AFP.
A pesar de su derrocamiento y el rechazo mayoritario de los panameños, Noriega "sigue teniendo influencia en el país a través de sus familiares, simpatizantes y testaferros", dijo a la AFP el analista Carlos Guevara, ex funcionario del gobierno derechista de Mireya Moscoso (1999-2004). Guevara afirmó que los sucesivos gobiernos panameños "han sido indolentes y no han gestionado la extradición de Noriega como hubiese correspondido hacerlo", lo que ha derivado en "una negación de justicia, de la cual han sido cómplices por omisión los gobiernos y el sistema judicial de Panamá".
El ex dictador está encarcelado en Florida (sureste), donde fue condenado en 1992 a 30 años de prisión. Su pena por tráfico de drogas fue reducida y se cumplió en 2008. La justicia francesa lo condenó a diez años de cárcel en 1999 por diversos delitos, pero quiere organizar un nuevo juicio por blanqueo.
El abogado de Noriega en Panamá, Julio Berríos, dijo a la AFP que la resolución que autoriza su extradición a Francia es "de índole política" porque "a nadie interesa" que regrese a su país. "Esta es una decisión de índole política y cuando interviene la política pierde la justicia".
"El actual gobierno y el anterior (de Martín Torrijos) mantienen la misma postura de que es mejor que a Noriega se lo lleven para Francia, porque pone en peligro la estabilidad del país, porque sabe muchas cosas que no convienen a los políticos panameños", afirmó Berríos.
"La mayoría de los panameños quisieran verlo en Panamá, para cumplir sus penas o porque otros sentimos que ya cumplió", sentenció Mario Rognoni.
