La represa es propiedad de una empresa estadunidense y su edificación es objetada por grupos indígenas.
| junio 24, 2009
La cancillería de Panamá anunció que analizará la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la construcción de una hidroeléctrica.
La represa es propiedad de una empresa estadunidense y su edificación es objetada por grupos indígenas.
El gobierno panameño anunció que la semana pasada recibió la comunicación del ente hemisférico por lo cual procederá a su estudio pormenorizado, a fin de dar oportuna respuesta.
Adelantó que el Estado panameño ha garantizado el pleno respeto de las disposiciones consagradas en la convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero también resaltó la importancia de la hidroeléctrica Chan 75, construida por la empresa AES en la occidental provincia de Bocas del Toro especialmente cuando se aspira a superar la dependencia del petróleo.
La CIDH pidió al gobierno panameño adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígenas Ngäbe-Buglé, residentes en el Valle del Río Changuinola, en Bocas del Toro.
Las medidas cautelares a favor de los indígenas deben regir hasta que el sistema interamericano de derechos humanos adopte una decisión final sobre el caso, indicó el CIDH.
