EFE — «No me sorprendió el fallo, pero la batalla continúa. Probablemente iremos al Tribunal Supremo de Justicia», dijo hoy a Efe Jon May, abogado de Noriega.
| abril 9, 2009
EFE — "No me sorprendió el fallo, pero la batalla continúa. Probablemente iremos al Tribunal Supremo de Justicia", dijo hoy a Efe Jon May, abogado de Noriega.
El máximo tribunal del país escucha menos del 5 por ciento de ese tipo de casos, por lo que esta batalla podría ser muy cuesta arriba para el ex militar capturado por las tropas estadounidenses que en 1989 invadieron Panamá, según los juristas.
Mientras su equipo defensor prepara su próxima acción legal, Noriega, de 73 años, permanece en una prisión de Miami por orden de un juez que dictaminó que no puede ser extraditado hasta que agote todo su proceso de apelación.
Noriega ha sufrido varios reveses judiciales en su intento por lograr que lo repatríen a Panamá.
Tres jueces federales han fallado en contra de las alegaciones del antiguo "hombre fuerte" de Panamá de que deben mandarlo a su país porque así lo establece la Convención de Ginebra cuando un prisionero de guerra ha cumplido una condena en otra nación.
En EEUU, el ex militar fue condenado a 40 años de prisión, pero la pena fue rebajada a 30 y luego a 20 por buena conducta, de los que cumplió 17 en septiembre de 2007.
Ahora el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta ratificó el miércoles su extradición a Francia, donde fue juzgado en 1999 y condenado en ausencia a diez años de prisión por el lavado de unos 3,1 millones de dólares.
Un panel de tres jueces arguyó que no existen elementos en la Convención de Ginebra, de la que Estados Unidos y Francia son signatarios, que impida que una de las partes extradite a un prisionero de guerra a otro país solo porque tenga esa condición.
Los magistrados se habían mostrado escépticos sobre los argumentos de Noriega en una vista judicial celebrada en enero en Miami.
En esa audiencia, uno de los jueces preguntó en varias ocasiones a la defensa de Noriega si el Congreso de EEUU no había eliminado esos argumentos cuando aprobó en 2006 una ley que creó procedimientos judiciales para enemigos de combate detenidos en la base naval norteamericana de Guantánamo, en el sudeste de Cuba.
La ley establece que no se puede invocar a la Convención de Ginebra para asuntos relacionados con casos criminales.
El ex militar panameño fue juzgado y condenado en Estados Unidos en 1992 tras ser acusado de permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cartel colombiano de Medellín, en la década de 1980.
Panamá ha solicitado también su extradición para que afronte acusaciones de violaciones a los derechos humanos y otros cargos por los que recibiría arresto domiciliario debido a su edad.
