El Estado panameño también es demandado ante la CCJ para que pague al PARLACEN 1.133.333 dólares, valor de la cuota de un año que Panamá está obligado a entregar al foro político regional, que no ha cancelado.
| marzo 26, 2010
– El presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Dario Lobo, dijo hoy que una demanda contra el Estado de Panama por abandonar en forma unilateral el Parlacen (Parlamento Centroamericano) podria derivar en sanciones diplomaticas, economicas o financieras.
El presidente en funciones de la Corte y magistrado hondureno explico que los presidentes del Istmo «son los responsables de hacer cumplir el fallo» y podrian dictar medidas de orden diplomatico, economico y financiero", a solicitud de la parte ofendida.
Este viernes el presidente del Parlacen, diputado nicaragueense Jacinto Suarez, presento una demanda en contra del Estado de Panama ante la Corte Centroamericana por la decision unilateral de abandonar el foro politico, debilitando el proceso de integracion.
Lobo dijo que daran tramite al proceso una vez que sea revisado para confirmar que cumplan los requisitos legales y luego notificaran a la parte demandada.
El magistrado hondureno explico que Panama podria aceptar o no la demanda.
Tambien puede oponerse.
En caso de no contestar seria declarado "en rebeldia procesal".
El Estado panameno tiene derecho a contestar y presentar su defensa con las pruebas pertinentes.
El procedimiento incluiria una audiencia publica y una sentencia.
"Los fallos se ejecutan pero ya no es la Corte que los ejecuta" sino una reunion de los mandatarios centroamericanos la que decide las medidas, manifesto Lobo.
"Para ejecutar el fallo, si no quiere cumplir el Estado, la parte vencedora puede acudir a la reunion de presidentes centroamericanos para que dicten medidas de orden diplomatico, economico o financiero", afirmo.
Los fallos "son resoluciones vinculantes, si esta establecido en los tratados constitutivos, son de obligatorio y de ineludible cumplimiento", preciso.
El presidente del Parlacen dijo que se trata de "defender la institucionalidad" del parlamento regional y del Sistema de Integracion Centroamericano.
La Corte tiene su sede en Nicaragua y los seis magistrados que integran la instancia no pueden emitir opiniones sobre la demanda.
La instancia esta conformada por magistrados de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Republica Dominicana.
Costa Rica aun no ha nombrado a sus representantes.
Suárez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró a periodistas que el Estado panameño también es demandado ante la CCJ para que pague al PARLACEN 1.133.333 dólares, valor de la cuota de un año que Panamá está obligado a entregar al foro político regional, que no ha cancelado.
En la demanda se pide a la CCJ que indique las violaciones de Panamá al Tratado Constitutivo del PARLACEN, a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y al Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
La salida del PARLACEN fue una de las promesas de campaña del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien tomó posesión el 1 de julio del año pasado, tras considerar que el foro centroamericano es un órgano "inoperante" y "una cueva de inmunidades".
El presidente del PARLACEN sostuvo que Panamá es firmante del Protocolo de Tegucigalpa, constitutivo de la CCJ y, por ello, tiene que someterse a la jurisdicción de esta corte regional, pero indicó que será la Corte Centroamericana la que dirá la última palabra sobre la demanda.
El PARLACEN, creado en 1991, está integrado por 20 diputados de cada Estado miembro, los ex presidentes y ex vicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, y 22 parlamentarios designados por República Dominicana. EFE
