BOGOTA (Reuters) – La operación para la liberación de dos políticos secuestrados por las FARC en Colombia se reactivó el lunes luego que el Gobierno autorizó a una senadora a recibirlos, poniendo fin a temores de que se frustrara tras la confusión que rodeo la entrega de otros cuatro rehenes y un ataque con explosivos.
| febrero 2, 2009
BOGOTA (Reuters) – La operación para la liberación de dos políticos secuestrados por las FARC en Colombia se reactivó el lunes luego que el Gobierno autorizó a una senadora a recibirlos, poniendo fin a temores de que se frustrara tras la confusión que rodeo la entrega de otros cuatro rehenes y un ataque con explosivos.
El presidente Alvaro Uribe había suspendido el domingo la participación de la senadora Piedad Córdoba en el proceso para la liberación del ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara y del ex diputado del departamento del Valle Sigifredo López, luego de que una misión también encabezada por ella permitió la entrega de tres policías y un soldado.
El mandatario adoptó la decisión después de que un integrante de la misión que el domingo recibió en la selva a los cuatro efectivos de las Fuerzas Armadas llamó por un teléfono satelital a un canal internacional de televisión y puso al aire a un líder rebelde, a lo que se sumó un ataque de las FARC con un carro bomba en la ciudad de Cali.
"El presidente de la República ha aceptado la solicitud del Comité Internacional de la Cruz Roja para que la senadora Piedad Córdoba acompañe a esta entidad en la liberación de los secuestrados. El Gobierno lo hace por solidaridad con las familias y los secuestrados", dijo un comunicado del Gobierno.
Uribe llamó "exaltación del terrorismo" el comportamiento de Jorge Enrique Botero, el miembro de la misión que hizo la llamada, y advirtió que no permitirá que "el terrorismo haga fiesta con el dolor de los secuestrados" refiriéndose al ataque de Cali que dejó dos muertos y 33 heridos.
Pero Botero y otros integrantes de la misión denunciaron sobrevuelos de aviones militares en la zona en donde se produjo la entrega de los efectivos de las Fuerzas Armadas y aseguraron que estuvieron a punto de abortar la liberación.
CAMINO DESPEJADO
Los integrantes de un grupo de representantes de la sociedad civil al que pertenece Córdoba y al que las FARC se comprometieron a entregar los seis rehenes, celebraron la decisión del Gobierno de Uribe de autorizar a Córdoba.
Esto despeja el camino, esto abre el camino y lo único que queda es que se pueda cumplir con la misión", dijo el director del semanario Voz, Carlos Lozano.
Las liberaciones se producen casi un año después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron a seis políticos en dos fases a una misión humanitaria liderada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Con las entregas las FARC buscan ganar espacio político e imagen internacional tras recibir varios golpes del Gobierno de Uribe, como la muerte de altos comandantes en operaciones del Ejército, el rescate de la política Ingrid Betancourt y la deserción de miles de combatientes, según analistas.
Los tres policías y el soldado entregados, así como los políticos que serán liberados, hacían parte de un grupo de rehenes que las FARC buscan intercambiar por 500 rebeldes presos.
Con esta operación humanitaria, que cuenta con el apoyo logístico y helicópteros de Brasil, la cifra de rehenes políticos en poder de las FARC se reducirá a 22.
El Gobierno y la guerrilla mantienen posiciones radicales que han impedido poner fin al drama de los rehenes, algunos de los cuales llevan más de 11 años secuestrados en la selva en medio de un violento conflicto interno que azota al país.
Las FARC exigen que Uribe retire sus Fuerzas Armadas de una región montañosa de 780 kilómetros cuadrados en el suroeste del país para establecer una zona de seguridad en la que sus delegados y los del Gobierno se reúnan a negociar un acuerdo de rehenes.
Pero el mandatario, quien con el apoyo de Estados Unidos lidera una ofensiva militar contra la guerrilla, se opone con el argumento de que el grupo rebelde busca sacar ventaja de una zona estratégica para el tráfico de drogas y de armas.
